Comunicado 8 de junio – Marcha contra el genocidio financiero, por la vivienda digna

Desde la firma del tratado de Maastrich en 1992, el poder de decisión sobre la emisión de moneda pasó del gobierno español al BCE. A partir de entonces fue esta institución la que diseñó las líneas maestras de la política económica para nuestro país. Nuestros gobiernos y cámaras de representación se limitaron a actuar dentro de esas directrices a pesar de estar cada vez más alejadas del interés de la población.

Esto ha permitido que los especuladores arruinen el país, arrasando con la industria, el sector primario y el poco tejido productivo del que disponíamos.

Los responsables de esta estafa han quedado impunes con la complicidad necesaria de quienes personalmente dirigían el FMI, el BCE y el Banco de España. Estas personas concretas han provocado que una generación entera cargue con  una deuda que ellos mismos diseñaron a través del aumento del precio de los inmuebles. Han aumentado artificialmente la cantidad de dinero necesaria para acceder a una vivienda y con ello han hipotecado el futuro de toda la sociedad.

Durante la burbuja inmobiliaria se elevó el precio de las casas un 288% y los salarios bajaron un 10%. Nos engañaron haciéndonos creer que la subida de los precios de las viviendas había beneficiado a la mayoría y que habíamos gastado demasiado, que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Falso: son ellos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades. El 84% del aumento del precio de las viviendas benefició a la minoría propietaria de los terrenos (apenas un 3% de la población). El 16% restante de la riqueza generada se repartió entre el resto, que somos la mayoría esclavizada por un sistema injusto. En aquel momento se proclamaba a bombo y platillo la consigna de “España va bien”, y es cierto “España iba bien” pero sólo para unos pocos.

Mientras los propietarios de los terrenos disfrutan de la dación en pago, el resto de la población responde del total de la deuda, ya que tras ser desposeídos de sus casas, son condenados a la exclusión social y, en total indefensión, son perseguidos de por vida a causa de una deuda imposible de pagar. Esta diferencia de trato entre la casta político-financiera y el resto de la población es la que ha producido que el índice de mora de las promotoras supere el 30% y el de los particulares sólo sea de un 4%.

De esta forma, se pasó de una situación donde en 1998 el coste de un piso de 90m era equivalente al salario total de 5 años de un trabajador medio, a otra en 2007 donde se necesitaban acumular 7 años más de trabajo. En la práctica, dedicar el salario íntegro de 12 años supone dedicar una vida completa de trabajo al pago de una vivienda.

El Banco de España tenía y tiene la obligación de evitar que se sobretasen los inmuebles. Si hubiese regulado el mercado hipotecario correctamente no se habrían concedido la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios fallidos ni otros créditos; y no deberíamos soportar la deuda que han generado con su irresponsabilidad las entidades financieras.

La traición del Banco de España no controlando las sobretasaciones sistemáticas de los bancos fue mucho mas grave de lo que se supone, pues ello implica que desde el primer momento de las concesiones, a los bancos se les otorga el derecho a reclamarnos la devolución íntegra del mismo. Esto es así porque según el art. 29 del Reglamento de Mercado Hipotecario, si el valor de las viviendas disminuye más de un 20%, aun estando al corriente del pago de las cuotas, el banco tiene derecho a exigir que se devuelva en dos meses la totalidad del crédito o a que se avale la disminución del valor.

Tras el estallido de la burbuja y la bajada del precio de la vivienda, se puso de manifiesto que era imposible aplicar este artículo porque la población no iba a entender que se le reclamase la totalidad del préstamo estando al corriente del pago de las cuotas. Por este motivo se recurrió al subterfugio de convertir la deuda privada de los bancos en deuda pública y orquestar toda una operación para que fuese asumida por la totalidad de la población (deuda pública). En paralelo se modificó el art. 135 de la  Constitución Española para evitar que el poder adquisitivo de la población -el producto de nuestro trabajo- se destinase a algo distinto del pago de la deuda asumida a través de la subida del precio de la vivienda, es decir de la estafa que llaman crisis. La gran trampa.

Por todas estas evidencias, el Tribunal Ciudadano de Justicia señala como auténticos responsables de estafa en grado de Conjura Bancaria Contra la Población a:

  • Las entidades bancarias financieras que, premeditadamente y a sabiendas de las repercusiones de su perversa gestión, extendieron préstamos hipotecarios con evidencia de ilegalidad, con cláusulas abusivas  como valor suelo, manipulación del Euribor, sobretasación, concesión ilegal, falsedad documental…
  • Las empresas inmobiliarias y agencias de tasación especuladoras, en una operación de estafa a alto nivel, como cómplices en su papel de intermediarias.
  • Al Banco de España, por permitir y no advertir del tremendo riesgo que estos préstamos ocasionarían en apenas unos años.
  • Los sucesivos gobiernos que ni arbitraron ni adaptaron ni legislaron para prevenir y sin embargo modificaron la ley hipotecaria siempre a favor de los especuladores.

Mientras, en una nueva vuelta de tuerca, todos estos agentes, bancarios, políticos y jurídicos, pretenden convencernos que es la ciudadanía quiénes tenemos que asumir su deuda ilegitima generada por su pésima gestión, o peor aún para llenar sus sacas en la mayoría de los casos, lo cual nos ha llevado a esta situación sin salida que padecemos en la actualidad.

Pero hay alternativas:

  • Denunciar ante los juzgados a los autores de la estafa, el robo y el engaño.
  • Exigir la responsabilidad que les cabe a los agentes bancarios y que asuman las consecuencias con su patrimonio personal y la cárcel.
  • Exigir al gobierno, al Parlamento y a la cámara alta, así como a otras instituciones administrativas, que regulen e intervengan si es necesario a dichas entidades bancarias.
  • Exigir al Poder Judicial para que, de acuerdo con el Ejecutivo, se hagan cargo de la situación y restauren y modifiquen el art. 135, en defensa de los intereses de la población, de tal modo que se repare a la sociedad el daño que han cometido las entidades financieras.

Exigimos asimismo:

  • Dación en pago.
  • La creación de un parque de viviendas para alquiler social.
  • La restitución con carácter retroactivo a los afectados por los desahucios, de sus viviendas donde se demostrase que existió fraude y cláusulas abusivas e ilegales en sus préstamos hipotecarios así como duras penas y sanciones para las entidades y las personas concretas que cometieron tales crímenes.

8 de junio de 2013. TRIBUNAL CIUDADANO DE JUSTICIA – 15M

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