Denuncia del Tribunal Ciudadano de Justicia contra la descapitalización del Fondo de Pensiones y de la Seguridad Social

Publicado en Madrid 15m – núm. 52 – noviembre 2016

Desde el Tribunal Ciudadano de Justicia TCJ 15M queremos denunciar las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para descapitalizar el Fondo de Pensiones y de la Seguridad Social con el fi n de ahondar en el desmantelamiento del Estado del Bienestar y destinar la recaudación al pago de la deuda ilegítima generada por la estafa bancaria.

El Gobierno está legislando para reducir los ingresos de la Seguridad Social, generando un déficit que al final utilizará como excusa para eliminar las prestaciones. Entre estas medidas destacamos las desgravaciones de las cuotas de la Seguridad Social. Las medidas han implicado una merma sistemática en la entrada de fondos para la misma.

Como consecuencia de las distintas reformas laborales, en especial la reforma laboral de 2012, se establecieron las condiciones necesarias para aumentar el paro, bajar los salarios, y con ello las prestaciones, abaratando el despido, aumentado los supuestos para extinguir los contratos y derogando los controles previos de legalidad que la Autoridad Laboral llevaba a cabo en los despidos colectivos.

Se modificó el sistema de negociación colectiva otorgando casi todo el poder a las empresas, acabando con la ultra-actividad de los convenios colectivos. Antes, cuando un convenio no se renovaba, seguía vigente en lo que a salarios y derechos de los trabajadores se refiere. De esta forma las condiciones del convenio se iban mejorando paulatinamente. Desde la reforma, si al año de haberse acabado la vigencia establecida para el convenio no se firma otro nuevo, se aplica el convenio de ámbito superior (que suele tener menos derechos) y, a falta de éste, el Estatuto de los Trabajadores, con lo que los sindicatos están obligados a negociar a la baja. Estas medidas bajaron los salarios y, como consecuencia, la recaudación de la Seguridad Social.

No es cierto que esté aumentando el trabajo, sino que lo que ocurre es que se está repartiendo a través de contrataciones a tiempo parcial. Aunque el número de empleados aumenta, el de horas trabajadas permanece prácticamente igual. En el año 2014, a consecuencia de lo anterior y a pesar del aumento de 400.000 nuevos cotizantes, lo recaudado a través de las cotizaciones solo subió un 1%. Con un crecimiento semejante, en el 2007 subió un 8,2%. Es decir, a igualdad de nuevos cotizantes que en 2007, solo se recaudó una octava parte. Lo determinante no es el número de trabajadores contratados, sino las cotizaciones recaudadas, por lo que la regulación encaminada al pago de menos cotizaciones llevará a la reducción y eventual desaparición del sistema de prestaciones.

El Fondo de Reserva de Pensiones de la Seguridad Social fue puesto en funcionamiento en el año 2000 con el objetivo de recaudar fondos de las cotizaciones sociales en los años de crecimiento que sirvieran de amortiguación para futuros años de recesión económica. El fondo llegó a sus máximos al cierre del ejercicio 2012 con 66.815 millones de euros. El pasado mes de octubre de 2016 se quedó reducido a 24.207 millones de euros. La disminución de las recaudaciones de la Seguridad Social obedece a un objetivo político doble: privatizar los servicios en beneficio de las grandes aseguradoras y empresas del sector sanitario, y destinar las cantidades recaudadas al pago de la deuda generada por la estafa bancaria en vez de a las prestaciones sociales.

Quieren desmantelar el sistema de cotizaciones de la Seguridad Social, ya que lo recaudado a través de ellas se destina obligatoriamente al pago de las prestaciones sociales. El agrandamiento del déficit creado por la reducción de ingresos de las cotizaciones imposibilitaría el pago de las prestaciones, y sería necesario que ese dinero se recaude por otros impuestos, como el IRPF o el IVA. Así, se vincularían las prestaciones a los Presupuestos Generales del Estado, que a su vez permiten destinar lo recaudado al pago de la deuda bancaria, ahora deuda pública. La modifi cación impuesta por la Unión Europa al artículo 135 de la Constitución obliga a tener el pago de la deuda como prioridad absoluta.

Quieren acabar con el sistema de financiación autonómico (en el que lo recaudado sea asignado directamente al pago de nuestras pensiones y el resto de las prestaciones de la Seguridad Social) para pasarlo a ser financiado como una partida más de los Presupuestos Generales. Paulatinamente se irán disminuyendo las partidas dedicadas a las prestaciones y se destinarán al pago de la deuda, trasvasando así los beneficios sociales al beneficio de los bancos, con lo que se ahonda más en la crisis-estafa, cuya esencia radica en un sistema productivo basado en la especulación a través de burbujas, que ahonda cada vez más en las desigualdades sociales y en la perdida de contenido democrático de las políticas económicas, al encaminarlas al beneficio de unos pocos contra el interés general de la mayoría.

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Publicado en Comunicación, Noticias, Noticias del Tribunal

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